El Juez Garzón se sentará finalmente en el banquillo, en un proceso que podría suponer el fin de su carrera judicial, y a su vez poner en duda la credibilidad del propio sistema judicial español.
Se le acusa de incumplir la Ley de Amnistía de 1977, pero numerosos juristas sostienen que el derecho internacional establece claramente que dichos crímenes no pueden ser objeto de amnistía.
En el marco de una sofocante campaña política dirigida a desacreditar a Garzón y a neutralizar dichas investigaciones y otras actuaciones en casos de grave corrupción política, el Tribunal Supremo está sometido a una enorme presión para acordar su suspensión.
Sólo la fuerza de la opinión publica puede equilibrar la balanza y evitar que la ideología y la impunidad prevalezcan sobre la justicia.
